Correos de Brasil empezará a cobrar una tasa extra para entregas en Río por la violencia

Río de Janeiro, (EFE).- Correos, una empresa controlada por el Gobierno brasileño, anunció hoy que cobrará una tasa extra de 3 reales (cerca de un dólar) a partir del próximo 6 de marzo para las entregas en Río de Janeiro, a causa de los "extremos" índices de violencia que enfrenta esa ciudad.

"En Río de Janeiro la situación de violencia llegó a niveles extremos y el costo para la entrega de mercancías en esa localidad sufrió un altísimo impacto, dadas las medidas necesarias para la manutención de la integridad de los empleados, de las encomiendas y hasta de las unidades de Correos", afirmó la compañía en una nota.

Ante este panorama, Correos ("Correios", en portugués) estableció "el cobro de emergencia" de 3 reales para "los envíos destinados a la ciudad de Río de Janeiro".

Esa tasa, destacó la empresa pública, podrá ser "suspendida en cualquier momento", siempre y cuando "la situación de violencia sea controlada".

"Vale esclarecer que esa cobranza ya es practicada por otras transportadoras brasileñas desde marzo de 2017", remarcó Correos en el comunicado.

Según el diario O Globo, en 2016 se registraron 2.317 casos de robo de cargas que afectaron directamente a Correos, lo que obligó a la firma a desembolsar unos 15 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares) en indemnizaciones por las mercancías perdidas.

La ola de violencia desatada desde hace meses en todo el estado de Río de Janeiro, cuya mayor parte de la población se concentra en la zona metropolitana de su capital homónima, provocó que el presidente brasileño, Michel Temer, decretara el día 16 de este mes la intervención federal en el área de seguridad de ese estado.

Con esa decisión, la seguridad en Río está ahora en manos del Ejército, que se ocupará de esa tarea hasta finales de este año.

La crisis de violencia que sacude Río dejó el año pasado 6.731 homicidios, entre ellos más de 100 policías y una decena de menores por "balas perdidas".

El decreto firmado por Temer fue ratificado por las dos cámaras legislativas, entre fuertes críticas por parte de movimientos sociales y sectores de la oposición, que consideran que la medida estuvo motivada por razones políticas y electorales.