Los casos de abuso de autoridad de la Policía de EEUU que han quedado impunes

Por: Daniela Mendoza

Agencia Anadolu

A raíz de las muertes de George Floyd y de Rayshard Brooks, Estados Unidos ha caído en semanas de intensas protestas en las que los manifestantes claman por justicia y piden que no se repitan los casos de impunidad que se han presentado en las últimas décadas, en los que los policías que perpetran actos de brutalidad salen sin cargos.

Floyd, un afroamericano de 46 años, murió el pasado 25 de mayo en Minneapolis, Minnesota, cuando el entonces oficial Dereck Chauvin se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos, hasta llevarlo a la asfixia. Los videos del momento, que circularon a través de las redes sociales, desataron protestas tanto pacíficas como violentas.

Justo cuando las manifestaciones se estaban calmando, la ira se volvió a encender cuando el policía Garret Rolfe disparó a muerte a Brooks en un restaurante de comida rápida en Atlanta. Aunque los dos oficiales involucrados fueron despedidos, la duda sigue siendo si rendirán cuentas ante la justicia, pues la Policía cuenta con una serie de herramientas que la protege frente a demandas y posibles condenas.

¿Cómo es el proceso de investigación ante una falta policial?

Con el fin de evitar que los oficiales del Gobierno fueran demandados por alguna acción discrecional ejercida en el marco de sus labores, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 1967 una doctrina legal conocida como la inmunidad calificada. Bajo esta inmunidad se han escudado muchos oficiales de Policía para evitar ser demandados o rendir cuentas por alguna violación, incluso de los derechos civiles.

Tal fue el caso de Darren Wilson, el uniformado que asesinó en 2014 a Michael Brown, de 18 años, en Ferguson. El policía, que respondió a un llamado de robo, detuvo a Brown y tras un enfrentamiento le disparó y le quitó la vida. Cuatro meses después, el oficial fue absuelto bajo la doctrina y vive libre en San Luis, Misuri.

De los casi 18.000 Departamentos de Policía de Estados Unidos, la mayoría cuenta con una unidad especializada de disciplina interna, en la que son los mismos colegas los que, por medio de una Inspectoría General, una Unidad de Asuntos Internos o una Oficina de Responsabilidad Profesional, realizan un proceso para seleccionar los casos a investigar (muchos de los cuales son desechados desde el principio) y determinan el procedimiento a seguir, así como la sanción que podría recibir su compañero.

Muchos de estos procesos quedan en el olvido, con o sin razón, en gran parte por la solidaridad entre los oficiales. Y también por temor a represalias. Por ejemplo, por denunciar actos de brutalidad policial de dos de sus compañeros en 2014, Joe Crystal fue apodado como el “Rat Cop” (policía rata) y fue sujeto a intimidaciones; incluso llegaron a poner una rata muerta en su escritorio, por lo que el oficial renunció al Departamento de Policía de Baltimore y se mudó a Florida.

De hecho en algunos estados como Luisiana y Arizona se pueden limpiar los expedientes de un policía investigado por alguna falta o exceso solo después de 18 meses.

En 1992, cuando un jurado de Los Ángeles absolvió a los policías que golpearon a un taxista llamado Rodney King, surgieron disturbios masivos, a raíz de los cuales se creó la Comisión Christopher, cuyo informe reveló que miles de denuncias desaparecieron sin justificación alguna de los archivos del Departamento de Policía.

Lo mismo sucedió con la muerte de Breonna Taylor, el 13 de marzo de 2020, en Louisville, Kentucky. En esta ocasión, dos policías y un detective allanaron la vivienda donde se encontraba Taylor con su novio y le prendieron fuego, causando la muerte de la joven de 26 años. Los policías involucrados fueron puestos bajo licencia administrativa paga desde el 19 de mayo. Ninguno de los tres funcionarios ha sido acusado de ningún crimen relacionado con la muerte de la mujer.

La historia de Tamir Rice, un joven afroamericano de 12 años que murió en Cleveland en 2014, no es muy diferente. Luego de recibir un llamado en el que le decían que el joven tenía un arma, el policía Timothy Loehmann acudió al lugar, le disparó y lo mató, pero luego descubrieron que el menor estaba jugando con una pistola de juguete. El policía fue despedido, pero no acusado penalmente.

La suma de todas estas situaciones impulsó el surgimiento de un fenómeno o de una nueva clase de policías conocidos como 'Gyspy Cops' (policías gitanos), es decir, oficiales que pueden migrar fácilmente de un departamento a otro debido a que no existe una base de datos bien establecida en la que se haga seguimiento a las faltas policiales.

Debido a que los expedientes no duran mucho tiempo disponibles, Loehmann pudo esconder fácilmente que en uno de sus empleos anteriores fue evaluado y se concluyó que no estaba apto emocionalmente para ser policía.

No obstante, como un mecanismo para controlar las acciones policiales, los Gobiernos federales también pueden investigar a los departamentos de policía cuando observan que hay un patrón de violaciones a los derechos civiles, con el objetivo de llegar a un Decreto de Consentimiento, en el que el departamento acuerda llevar a cabo reformas institucionales que son supervisadas por una corte federal.

En el Gobierno de George W. Bush se llevaron a cabo ocho de estas investigaciones y en el primer periodo de Obama se realizaron 15, mientras que durante el Gobierno de Trump, próximo a completarse, el Departamento de Justicia solo ha adelantado una investigación de esta clase, en la que no se llegó a ningún Decreto de Consentimiento.

Racismo institucional y militarización de la Policía

Las estadísticas sobre el racismo sistemático e institucional que afecta a la comunidad negra en Estados Unidos son bastante sombrías. De acuerdo con The New York Times, la Policía de Minneapolis (donde murió George Floyd) ha hecho uso de la fuerza contra afroamericanos siete veces más que contra la comunidad blanca, aunque solo el 20% de la población de la ciudad es negra.

También, según la cadena de televisión Al-Jazeera, los afroamericanos son dos veces y medio más propensos a ser asesinados por la Policía que los blancos.

Incluso la Academia Estadounidense de Pediatría, la Asociación Médica Estadounidense y el Colegio Estadounidense de Médicos han advertido que el racismo es un tema de salud pública y han urgido a que pare la brutalidad policial.

Está claro que el racismo en Estados Unidos no es cosa del pasado, ni ha disminuido más allá de los avances en el reconocimiento de los derechos civiles de las minorías en el país. Tal vez, como lo dijo el actor afroamericano Will Smith, “el racismo no está empeorando, solo es que ahora se está grabando”.

Adicional a esta discusión, otra denuncia que se ha levantado en los últimos días con las protestas generadas por el movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) y que socava aún más la confianza en la institución de la Policía es la militarización de sus oficiales en el país.

La Policía no solo cuenta con armas de dotación, bates y balas de goma, sino también con helicópteros, gases lacrimógenos y vehículos blindados, los cuales se han visto no solo en las semanas recientes sino en los últimos años debido a la alta financiación que recibe esta institución.

Los oficiales también reciben capacitaciones por parte de personas como Dave Grossman, un prominente entrenador sobre aplicación de la ley de la Policía que da conferencias a funcionarios 200 días al año, en las que sostiene que solo un asesino puede cazar a un asesino, y agrega que si los funcionarios no están listos para arrebatar una vida con tal de “proteger” otra, deberían buscar otro trabajo.

Ley de Justicia en Tácticas Policiales

Todo esto ha dado paso a que en las protestas que condenan la brutalidad policial se exija que se recorten los fondos de la Policía, su desmilitarización e incluso el desmantelamiento de sus departamentos.

Frente a esto los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, propusieron la Ley de Justicia en Tácticas Policiales, un plan de reforma para la institución en todo el país, la cual contempla que los oficiales usen cámaras corporales, que se prohíba el estrangulamiento (que causó la muerte de Floyd), eliminar las órdenes de allanamiento sin haber llamado a la puerta (como fue el caso de la muerte de Breonna Taylor) y facilitar las vías para hacer que los oficiales rindan cuentas.

Sin embargo, en una aparente respuesta negativa del presidente Donald Trump, el mandatario firmó este martes una orden ejecutiva de reformas al protocolo policial, la cual ha sido catalogada como mucho menos ambiciosa, ya que no toca temas de fondo, no plantea cambios drásticos a la institución ni ataca al racismo (AA).