El Tribunal Federal rechaza el intento de la Casa Blanca de reinstaurar el veto migratorio

Donald Trump anunció que apelará resoluciones de la judicatura que suspendieron provisionalmente la prohibición de viajes que puso en marcha.

El presidente de EEUU, Donald Trump, impuso el pasado 27 de enero, un veto migratorio que prohíbe el acceso a EEUU durante 90 días de los ciudadanos de siete países musulmanes conforme a una orden ejecutiva.

La Corte Federal de la Apelación impugnó el pasado domingo la petición del presidente de EEUU de aplicar inmediatamente la prohibición de acceso para todos los refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.

La administración de Trump presentó una contra-apelación para impugnar la resolución que suspendió temporalmente el veto migratorio. La administración anunció que el juez en Seattle intentó cuestionar la resolución que ha tomado el presidente en relación con la seguridad nacional.

En el caso actual, el rechazo por el Tribunal Supremo a la resolución de suspender la ejecución de la orden significa que la lucha legal continuará varios días. La 9ª Corte de Apelación de San Francisco instó a las autoridades que se oponen al veto a responder el recurso de apelación y al Departamento de Justicia a presentar una respuesta antes de la tarde del lunes.

El fiscal general en funciones, Noel Francisco, declaró – en la defensa presentada en el expediente del gobierno – que el presidente tiene la autoridad para decidir quiénes podrán o no podrán entrar a EEUU. Esta teoría parece haber iniciado una lucha más amplia contra la emigración ilegal.

El expediente de recurso dispone que “expulsar o no permitir al acceso a los extranjeros es un poder fundamental e independiente otorgado por el Congreso al órgano ejecutivo del gobierno; y en gran medida está exento de la supervisión judicial”.

En cumplimiento de la orden del juez de Circuito, James Robart, el gobierno suspendió temporalmente la ejecución del veto migratorio. La situación es considerada como paso atrás muy grande para el nuevo presidente quien se puso en marcha para suspender el programa de refugiados de EEUU y parar el flujo migratorio desde siete países musulmanes por razones de preocupaciones por el terrorismo.

Entre tanto, Trump se burló del juez Robert asignado por uno de los expresidentes, George W. Bush. “La decisión insensata del ‘supuesto fiscal’ será impugnada por el tribunal superior”.

El presidente tuiteó en su cuenta: “Como el veto ha sido revocado por un juez muchas personas malas y peligrosas pueden entrar a nuestro país. Una decisión terrible”.

En otro de sus tuits, el presidente calificó de “ilegal” el intento del “supuesto” juez de suspender la orden presidencial. Cuestionó el principio de independencia de la judicatura una de las partes del sistema de división de poderes entre los tres órganos del estado. De acuerdo con ese sistema, los preparadores de la constitución han garantizado que ninguno de los órganos tenga poderío a nivel de tiranía sobre otros dos.

La abierta diatriba de Trump hizo que se vinieran a la memoria las fuertes críticas dirigidas al juez federal de origen mexicano que atendía a los casos de falsificación en la Universidad de Trump y que podría hacer preguntas más fuertes a medida que se incrementaran estos obstáculos en tribunales.

Pero, el gobierno adelante que la autoridad de la presidencia no se puede cuestionar por los jueces en los temas de la seguridad nacional.

En referencia al acceso de los extranjeros al país, el Congreso “otorga el poder total para apreciar al presidente”. Por eso dice que Trump no tiene que presentar motivos para sus decisiones en términos legales. El decreto de Trump dice que el veto es una “defensa antiterrorista” y que eso es suficiente para poner fin a la discusión.

El Departamento de Justicia ha pedido que se suspenda la resolución del juez federal hasta que llegue a conclusión el recurso de apelación para que el veto migratorio garantice que los aceptados al país no dañarán a los estadounidenses y que no tengan ningún lazo con el terrorismo.

La resolución ha creado una confusión sin desenlace para muchos extranjeros que querían ir a EEUU. Se han producido manifestaciones y denuncias ante tribunales de todo el país. Las manifestaciones tuvieron lugar fuera de la Casa Blanca, en Nueva York y cerca de la finca de Trump en Palm Beach, Florida, donde asistía a la gala anual de recaudación de fondos de la Cruz Roja Americana.

El pasado sábado compareció ante los reporteros: “Nosotros ganaremos. Ganaremos por la seguridad del país”.

El Departamento de Estado había anunciado que se cancelaron las visas de alrededor de 60.000 extranjeros procedentes de Irak, Irán, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. Pero, el sábado cambió de curso y anunció que los que tuvieran visas válidas podrían entrar al país.

El Departamento declaró a las agencias de ayuda para los refugiados que se permitiría a las personas que iban a acceder al país antes de que se firmara el decreto de Trump. De acuerdo con el email enviado por un autorizado del Departamento a la Associated Press, el gobierno se enfocará en “planificación de viajes de refugiados” hasta el 17 de febrero y trabajará por la continuación de las entradas al país a partir del lunes.

El Departamento de Seguridad Interior ya no orienta a las aerolíneas a que no permitan que las personas afectadas por el decreto de Trump aborden los aviones con destino a EEUU. La agencia anunció haber suspendido todos los pasos relativos a la puesta en vigor del decreto presidencial.

Además, se han realizado audiencias en contra-denuncias a lo largo y ancho del país. Los estados de Washington y Minnesota alegan que la suspensión del programa de acceso de refugiados de EEUU y el veto temporal daña a las personas y causa discriminación.

En su resolución por escrito del pasado viernes, Robart asegura que no es el cargo del tribunal cuestionar la razonabilidad de cualquier política apoyada por otros dos órganos o crear políticas, pero tiene la misión de cerciorarse de la “constitucionalidad” de un paso tomado por el gobierno.

En respuesta a ello, el Departamento de Justicia dice que “el cuestionamiento de la determinación del presidente sobre la seguridad nacional ha perjudicado primariamente al gobierno federal y al pueblo”.

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