Supremo Tribunal de Brasil ordena “despejar las carreteras” bloqueadas por partidarios de Bolsonaro
Uno de los miembros del tribunal afirmó que la Policía Militar posee “atribuciones constitucionales y legales plenas” para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el tránsito en las carreteras que se encuentran bloqueadas
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este martes que la Policía Militar de cada estado del país “actuara para despejar las carreteras, incluidas las federales”, que fueron bloqueadas por manifestantes que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo.
En un comunicado, el supremo informó que “la decisión fue tomada bajo el argumento del incumplimiento del precepto fundamental y señaló que De Moraes impuso también una multa de 100.000 reales brasileños (aproximadamente USD 19.540) y prisión para quienes cometieran estos actos que describió como “delitos contra el Estado democrático de derecho y la soberanía nacional”.
De Moraes explicó que la medida tiene como objetivo “salvaguardar el orden del entorno y, sobre todo, la seguridad de los peatones, conductores, pasajeros” y de los propios partícipes de la obstrucción “ilegal de circulación que puedan estar posicionados en lugares inadecuados en las vías del país”.
El ministro recordó que la Policía Militar posee “atribuciones constitucionales y legales plenas” para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el tránsito en las carreteras que se encuentran bloqueadas y, de esa manera, procurar la “transitabilidad total en todo el país”.
Así mismo, De Moraes ordenó que la Policía Militar identifique los camiones que están siendo utilizados para bloquear carreteras.
Ayer, De Moraes había ordenado, a petición de la Confederación Nacional de Transporte, a la Policía Rodoviaria Federal (PRF) tomar todas las medidas necesarias para desbloquear las carreteras a partir de la medianoche del 1 de noviembre.
La orden incluye una multa de 100.000 reales brasileños, además de la posibilidad de ser retirado de su cargo e incluso encarcelado, en caso de que el director general de la PRF desobedeciera la orden.
