El periodo de la dictadura de Franco fue declarado ilegal en España

En España se declaró ilegal el período de la dictadura franquista con la "Ley de la Memoria Democrática" aprobada en el Senado por iniciativa del gobierno de coalición de izquierda.

La Ley de Memoria Democrática, que fue votada últimamente en el Senado, la cámara baja del parlamento, fue aprobada como definitiva con 113 votos de censura, 18 en abstencionista y 128 de confianza.

Los pasos de borrar las huellas de la guerra civil y el franquismo (1936-1975) que comenzaron con la "Ley de Memoria Histórica" ​​promulgada en España en 2007, conceder apoyo a las víctimas y el enfrentamiento al pasado, se ampliaron más con la ley recién promulgada.

Con la ley que será una nueva hoja de ruta, seran declarados ilegales el período de la dictadura y los castigos dictados por las cortes de ese período y se retiraron los títulos nobiliarios concedidos por Franco.

De acuerdo con la ley también se aceptó como responsabilidad del Estado exhumar e identificar y entregar posteriormente a sus familias, los cuerpos de unas 33.000 personas que fueron enterradas en el mausoleo del Valle de los Caídos, 50 kilómetros al norte de Madrid, que sirvió como lugar de enterramiento del dictador Franco durante 44 años (1975-2019) .

Igualmente, estarán por primera vez a cargo del Estado, los trabajos de búsqueda de casi 114 mil personas muertas (definidas como desaparecidas) durante la guerra civil y la dictadura.

No obstante, esta ley abrió el camino para la investigación de posibles violaciones de derechos humanos relacionado con el franquismo en el período 1978-1983.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez sobre la promulgación de la ley, compartió en su cuenta de la red social:

“Los socialistas siempre estuvieron comprometidos con el robustecimiento de nuestra democracia. Hoy damos un nuevo paso hacia la justicia, la reparación y la dignidad de todas las víctimas”.

Por otra parte, los partidos de la oposición de derecha criticaron al Gobierno por recibir el apoyo de EH Bildu, que opera en el País Vasco y tiene una política etarra, para aprobar la ley, argumentando que la nueva ley "aumentó la desigualdad entre las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA".

La ley, que da un plazo de 1 año para agregar algunos artículos adicionales, entrará en vigor una vez que se complete este proceso y se publique en el Diario Oficial.