Expertos de la ONU preocupados por violencia de la fuerza pública en Ecuador
Un nutrido grupo de expertos puso en tela de juicio las razones del Gobierno de categorizar la situación como una “emergencia pública”.
(AA-Servicio en español)
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU expresó este miércoles su preocupación sobre la “violenta respuesta” de los integrantes de los cuerpos de seguridad ecuatorianos ante las recientes protestas contra las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Lenín Moreno.
Los especialistas quienes pusieron en tela de juicio las razones del Gobierno de categorizar la situación como una “emergencia pública que, en palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, `amenaza la vida de la nación’”.
“Seguimos preocupados por el hecho de que la emergencia estatal se haya implementado en previsión de las protestas”, afirmaron.
En el grupo de expertos estuvo Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, entre otros especialistas en el tema.
Ecuador vivió fuertes jornadas de protestas tras la proclamación de un decreto que suprimía los subsidios al combustible. El gobierno optó por declarar el estado de excepción. Durante las protestas hubo 8 muertos, 1340 heridos y 1192 heridos, entre ellos menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas con discapacidad y periodistas.
El alto número de heridos, consideraron los expertos, podría representar un claro indicio de uso excesivo de la fuerza, violando los requisitos de necesidad y proporcionalidad. Los expertos pidieron al Gobierno que investigue todas las muertes y el mencionado uso de fuerza durante las protestas y examinar si pueden ser consideradas “como privaciones arbitrarias de la vida”.
Los especialistas también señalaron que recibieron informes de que, durante las protestas, se censuró e interrumpió los servicios de internet de redes sociales.
“El acceso a los servicios de información y comunicación durante las protestas es crucial para el disfrute de varios derechos, en particular la libertad de expresión y la oportunidad de que los manifestantes hagan oír sus demandas y quejas”, afirmaron.
