Partido FARC critica supuesta pérdida de carta enviada a EEUU sobre caso Santrich

La dirección del partido FARC criticó la supuesta pérdida de la carta enviada por las autoridades colombianas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que se solicitaban pruebas para sustentar el pedido de extradición en contra del exlíder guerrillero Seuxis Paucias Hernández, conocido como 'Jesús Santrich'.

Dichas pruebas fueron requeridas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en octubre pasado, con el fin de determinar con exactitud la fecha del presunto acto de narcotráfico en que habría incurrido Santrich, por el que fue detenido desde abril de 2018.

Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Político Nacional de la FARC calificó como "inaceptable desde todo punto de vista" que la mencionada carta "nunca llegó a su destinatario".

"No queremos pensar que se trata de una acción de obstrucción de la justicia por parte de autoridades del Gobierno nacional", advirtieron las directivas del partido, al señalar que con lo sucedido, "es evidente que se pretenden amplificar las acciones de desprestigio de la JEP, presionar indebidamente a esta jurisdicción y poner en cuestión las definiciones que están próximas a producirse por parte de ella".

La colectividad aseguró que el Gobierno, y en particular la ministra de Justicia Gloría María Borrero, "debe asumir la responsabilidad plena" por lo sucedido, más aún sabiendo la importancia del caso sobre el cual debe fallar la JEP.

Borrero afirmó en una entrevista radial que dicho documento fue enviado por correo certificado a través de la empresa de mensajería 4-72 y que se extravió en Panamá.

Esta declaración generó una ola de críticas en la opinión pública colombiana y en redes sociales, a tal punto que se ha pedido la renuncia de la jefa de la cartera de Justicia.

El pasado 28 de enero, se venció el término de 40 días dado por la JEP para el traslado de las evidencias con las que se lograría definir si el excomandante del desaparecido Bloque Caribe de la otrora guerrilla no debe ser extraditado y ser juzgado por la justicia transicional, o si su extradición le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Según lo pactado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en noviembre de 2016, si algún excombatiente comete un delito con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 perdería los beneficios jurídicos del proceso de paz y sería juzgado por la justicia ordinaria.