La ONU alerta que en cinco años han sido asesinados más de 562 líderes sociales y de derechos humano

Colombia

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió este martes 26 de julio sobre los “crecientes niveles de violencia perpetrados por grupos armados no estatales y organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia", lo que está teniendo un impacto "devastador” sobre la sociedad, especialmente en áreas rurales.

En un informe de este martes la Oficina apuntó particularmente a las “mujeres y niños, pueblos indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos”.

Más de 562 defensores de los derechos humanos fueron asesinados entre 2016 y 2021, según el documento de la ACNUDH. 

Reveló que al menos 22 defensores de DDHH han sido asesinados este 2022, en medio de una creciente violencia perpetrada por organizaciones criminales que buscan el control de territorios para el narcotráfico. El número podría ser mucho mayor, según el informe, ya que la oficina de la ONU ha recibido hasta 114 denuncias, muchas de las cuales aún están en proceso de verificación.

La respuesta estatal ha sido “insuficiente", según la ONU, para reducir los niveles de violencia, prevenir los abusos de las organizaciones criminales y "proteger adecuadamente a las comunidades en los territorios”. 

Muy a pesar del acuerdo de paz firmado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno en 2016, que a juicio de la oficina, redujo el nivel de violencia en el país drásticamente.

En su informe, el organismo a cargo de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, insta al nuevo Gobierno de Gustavo Petro a “priorizar la lucha contra esta violencia” y establecer “una serie de recomendaciones para que las autoridades las implementen con urgencia a fin de proteger la vida y los derechos humanos de los afectados". 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia, los asesinatos se redujeron de 12.665 en 2012 a 1.238 en 2016. Sin embargo, en los últimos dos años, grupos armados no estatales y organizaciones criminales, muchas veces involucradas en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han ampliado su presencia en varias regiones del país.

La respuesta predominantemente militar del Estado no ha logrado detener la expansión de los grupos y la limitada presencia de instituciones civiles exacerba la situación, según el informe.

Así mismo, la falta de educación y oportunidades laborales también ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes lo que resulta en el reclutamiento por parte de estos grupos.

En 2021, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia verificó el asesinato de 100 defensores de derechos humanos. 

Los grupos armados y las organizaciones criminales han adoptado una variedad de tácticas para obtener el control de las comunidades, incluso imponiendo reglas y restricciones al movimiento de personas.

“Tengo temor porque llevamos tanto tiempo con la presencia de las disidencias imponiendo sus normas y condiciones que, aunque no queramos hacemos parte, tenemos que obedecer lo que digan ellos (…) hay retenes en la vía con hombres con armas largas, donde nos paran nos dicen que tenemos que pedir permiso para salir y nos revisan los celulares”, dijo una defensora de derechos humanos del departamento de Arauca.

En algunos casos, los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido coaccionados para participar en actividades ilícitas y abandonar sus formas de vida tradicionales, como la pesca y la caza. La violencia de los grupos destruye el tejido social de las comunidades y pone en peligro la identidad cultural y la autonomía, según el documento presentado por la ONU.

Las comunidades y sus líderes que tratan de proteger su tierra, sus vidas, su cultura y el medio ambiente enfrentan enormes riesgos. Este es el caso del pueblo indígena nasa, en el departamento del Cauca, quienes han sido, durante mucho tiempo, objeto de amenazas y ataques.

En los primeros meses de 2022, cuatro líderes de nasa fueron asesinados. Junto a la violencia del narcotráfico están las industrias extractivas que amenazan sus formas de vida y, de hecho, su supervivencia, advierte el informe.

De igual forma, la situación actual podría acelerar la desaparición del pueblo indígena jiw (guayabero), que vive a orillas del río Guaviare y que actualmente suman unos 2.261 miembros.

Los programas de reforma y desarrollo rural deben implementarse y consolidarse con la participación de las comunidades afectadas y reforzarse la capacidad de los Gobiernos locales, incluidos los de las comunidades afrodescendientes e indígenas.

“Es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos” dijo Michelle Bachelet, y agregó que “es por esto que instamos al Gobierno a adoptar políticas públicas para responder de manera eficiente y prevenir más violencia, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

De igual forma califica la estrategia militar actual como ineficiente para detener la expansión de los grupos armados.

Bachelet reiteró que “el enfoque del Gobierno entrante (Petro) en la paz y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido” y aseguró que su Oficina “lo apoya”.

Bachelet recalcó que “el diálogo es fundamental para reconstruir la confianza en el Estado y sus instituciones” e instó “a las autoridades a escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad”.

La alta comisionada señaló que “las personas que viven en las áreas rurales y remotas son las que más han sufrido este flagelo de la violencia” y añadió que “también son las más indicadas para ayudar a trazar un camino hacia un futuro más pacífico”.

Lograr la paz con todos los grupos armados que aún tienen una presencia significativa en el país es uno de los mayores desafíos que enfrenta Petro cuando asuma el cargo el próximo 7 de agosto, según detalla la ACNUDH.

AA