Defensores del Pueblo de Panamá, Ecuador, Costa Rica y Colombia acuerdan para migrantes

Los defensores del Pueblo de Panamá, Ecuador, Costa Rica y Colombia acordaron acciones conjuntas para velar por la protección de los derechos humanos de los migrantes, en especial de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores.

Los funcionarios se reunieron en el municipio de Capurganá, en la costa Caribe colombiana y en la frontera con Panamá, para abordar la situación de miles de migrantes que se encuentran varados en Necoclí, en la región del Urabá antioqueño.

Desde allí, los defensores de Panamá, Eduardo Leblanc; Costa Rica, Catalina Crespo; Colombia Carlos Camargo; y Ecuador, Zaida Rovira, firmaron una declaración conjunta para buscar mecanismos de cooperación y convocar una cumbre sobre migración internacional al finalizar agosto.

Los defensores acordaron, entre otras medidas, impulsar rutas humanitarias para “superar las situaciones o factores de riesgo en las zonas más peligrosas”.

Igualmente, convinieron establecer un mecanismo de trabajo conjunto para que durante su paso por cada uno de los Estados, los migrantes reciban un trato digno y se les respete sus derechos humanos.

Los defensores pudieron conversar directamente con los migrantes que desde Capurganá hacen su escala hacia Panamá, por la zona selvática del Darién.

“Ante esta crisis migratoria extracontinental, en compañía de mis homólogos de Panamá, Ecuador y Costa Rica, elevamos el llamado al resto de los países del continente para adelantar en las próximas semanas una gran cumbre de Defensores del Pueblo del Continente que nos permita coordinar los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar el tránsito de los migrantes sin vulneraciones a sus derechos fundamentales”, dijo el titular colombiano, Carlos Camargo.

Según Camargo, han “tenido información de posibles muertes de migrantes debido a las difíciles condiciones del recorrido por la selva hacia Panamá”, así como también la ocurrencia de delitos contra los migrantes, como explotación laboral o sexual, entre otras.

“Esto se suma a las vulneraciones que enfrentan por cuenta de las mafias que desde Chile vienen sacando provecho de su condición irregular en cada uno de los países”, puntualizó.

“Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar y velar por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y manifestamos profunda preocupación por la situación de la población migrante, refugiada y con necesidades de protección internacional, que se encuentra actualmente en el municipio de Necoclí, procedentes de África, Asia, Cuba y Haití”, destaca el documento firmado, y citado en un comunicado por la Defensoría panameña.

Según datos de la Alcaldía municipal de Necoclí, hay cerca de 10.000 personas represadas en esta zona del país.