El Acuerdo de Paz que promete cambiar la historia de Colombia

Por: Susana Noguera

AA - La fotografía de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firmando por segunda vez el Acuerdo de Paz en el teatro Colón, en el centro de Bogotá, fue uno de los hitos de la segunda década del siglo XXI. El hecho señaló el fin definitivo de más de 50 años de guerra en Colombia y la desaparición de la guerrilla más antigua de América Latina.

La foto, tomada el 24 de noviembre de 2016, puede parecer deslucida comparada con la brillante imagen de los dos líderes firmando el acuerdo en Cartagena, vestidos de blanco frente a dignatarios de todo el mundo, pero también es el testimonio del largo proceso de negociación que tuvo que surtir Colombia para sellar la paz.

Camilo Echandía, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y experto en el conflicto armado colombiano, señala que la firma del emblemático documento no fue producto de la “voluntad de paz del presidente Santos y de los miembros de las Farc”, sino de un complejo proceso histórico con varios puntos clave, entre ellos la puesta en marcha del Plan Colombia, en 1999, que dotó al Ejército colombiano de nuevas capacidades y llevó al Estado a tener una ventaja militar y política sobre la guerrilla.

“En el gobierno de Santos ya era claro que la guerrilla no podía alcanzar los objetivos estratégicos que se había propuesto a principios de los 80”, señala Echandía. “Hay que decir que las Farc fueron vencidas estratégicamente, no militarmente”, añade.

En 2012, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de las negociaciones en La Habana. Según Echandía, la correlación militar y política a favor del Estado colombiano fue uno de los puntos clave para que, aún en las peores crisis de la mesa negociación, el proceso continuara y finalmente las Farc dejaran sus armas.

La agenda de la negociación, acotada y realista, también ayudó a que el proceso fuera exitoso. La negociación se centró en dos temas: la participación política de las Farc y los problemas del campo colombiano. Por primera vez, las Farc no pedían solucionar todos los problemas a través de un documento, sino que se concentraron en las transformaciones necesarias para el campo y, para lograr esa reforma rural integral, piden garantías para participar en política. "Eso cambia totalmente las cosas”, añade el investigador.

Esos componentes fueron vitales para que internacionalmente el Acuerdo de Paz sea visto como una historia de éxito y se resalte como un hito de la década que termina.

Otra de las razones por las que el Acuerdo de Paz tiene una importancia regional es que fue un esfuerzo conjunto de diferentes gobiernos. “El hecho de que (el expresidente venezolano) Chávez optara por ayudar a Santos a hacer la paz es un aspecto decisivo para la firma del Acuerdo”, señala Echandía.

Cuba también apoyó como sede del proceso y país garante, junto con Noruega. Chile y Venezuela sirvieron como países acompañantes.

Los organismos multilaterales también mostraron su respaldo. La ONU y la OEA desplegaron misiones de observación y apoyo al proceso de paz. La Unión Europea abrió un fondo multidonante para apoyar las iniciativas para la implementación de lo pactado. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también mostró su apoyo al designar a Bernie Aronson como enviado especial para el proceso de paz.

El acuerdo en Colombia, un modelo a replicar en el mundo

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame en EEUU, resalta que el Acuerdo de Paz en Colombia es muy innovador y hace parte de una nueva generación de acuerdos de paz.

Por ejemplo, según el instituto, este acuerdo es el que más contiene instrumentos de salvaguarda, garantías y verificación en el mundo, lo que amplía la probabilidad de que se cumpla. El acuerdo de La Habana también es el que más desarrollo tiene sobre las causas estructurales del conflicto que, en el caso colombiano, son la tenencia de las tierras, la participación política y la lucha contra el narcotráfico.

El Acuerdo también contiene un enfoque de derechos humanos en todos sus puntos. Cuenta con una importante e innovadora perspectiva de género, étnica, y pone como centro a las víctimas. “Por eso se convierte en un modelo a replicar”, dice Echandía.

Las dificultades en la implementación

En la noche del 2 de octubre de 2016, la Registraduría Nacional de Colombia indicó que el 'No' había ganado en el plebiscito por la paz. A la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, el 50,2% de los colombianos votaron 'No' y el 49,7% dijeron 'Sí'.

El resultado tomó por sorpresa tanto al gobierno de Juan Manuel Santos como a la comunidad internacional, que ya daban por hecho la puesta en marcha de lo acordado en La Habana.

“La gente en Colombia ha querido la paz, pero gratis”, dice Echandía. “Por eso se perdió el plebiscito, porque a la hora de preguntar si quiere que los exguerrilleros participen en política o no paguen las penas de cárcel, (los votantes) estaban diciendo que no estaban de acuerdo”, añadió.

Al analizar los resultados de la votación, la Fundación Paz y Reconciliación indicó que “los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito”.

El estrecho margen de solo 61.000 votos entre las dos opciones es una muestra de la polarización que vivió el país. El resultado marcó el inicio de un atropellado proceso de implementación.

El gobierno de Santos inició un proceso de renegociación con los sectores políticos promotores del 'No' y añadió algunas aclaraciones y cambios a lo pactado, pero el punto central del descontento –que los miembros de Farc no pagaran cárcel– no podía ser modificado. Así que el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el acuerdo modificado, pero sin el apoyo de la oposición.

Pocas semanas después del plebiscito empezó la temporada electoral. En el 2017 el proceso de paz ocupó un lugar central en la agenda de los candidatos. El 17 de junio de 2018, luego de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, Iván Duque, uno de los críticos más constantes del Acuerdo de Paz, ganó la presidencia con el 53,98% de los votos.

Duque presentó su política de 'Paz con legalidad' y empezó a hacer cambios en el tejido institucional necesario para hacer realidad los acuerdos. El golpe más duro a esa institucionalidad fue cuando el mandatario radicó ante el Congreso una serie de objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la instancia de justicia transicional creada para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El presidente argumentó que “ninguna de las objeciones afecta estructuralmente que se construya una paz con legalidad”, pero la decisión motivó protestas y creó un sentimiento de incertidumbre entre los excombatientes.

La Cámara de Representantes rechazó los cambios a la JEP y en el Senado no hubo consenso sobre el número de votos que se requería para que fueran aprobados. Finalmente, la Corte Constitucional consideró que las objeciones de Duque no lograron obtener la mayoría de votos y decidió que no debían ser implementadas.

Aunque las objeciones no pasaron, el episodio solidificó la idea de que el presidente está en contra del Acuerdo de Paz y aumentó el descontento entre los sectores que votaron Sí en el plebiscito, que es casi la mitad del país. El problema posteriormente le cobraría factura al gobierno a través de fuertes protestas y paros nacionales.

Asesinatos de los excombatientes y líderes sociales

Desde que se firmó el Acuerdo se hizo evidente la vulnerabilidad de los líderes sociales y los excombatientes ante atentados y amenazas. El gobierno de Duque anunció el Plan de Acción Oportuna para reaccionar de forma rápida y articular la labor de las entidades que deben proteger a defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Sin embargo, en su último informe, el Programa Somos Defensores reportó 59 asesinatos de líderes sociales y 591 agresiones, entre enero y junio de 2019.

Ante esta crisis, muchos sectores sociales han manifestado su descontento con las estrategias del gobierno. “La mejor estrategia para evitar el asesinato de líderes sociales es implementar los acuerdos”, dice Echandía, quien resalta que la mayoría de los líderes son asesinados por la competencia que existe entre actores al margen de la ley por el territorio, los recursos y las posiciones estratégicas de las regiones que históricamente han sufrido el conflicto.

Esas zonas ya fueron estudiadas y priorizadas durante el gobierno de Santos en 170 municipios. Para ellos se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). “Si uno hace el cruce del mapa donde los líderes están siendo asesinados, están dentro de ese universo. Lo que tiene que hacer el gobierno es cumplir el acuerdo”, enfatiza Enchandía.

En medio de todas las controversias por la puesta en marcha del Acuerdo de Paz, desde el 21 de noviembre de 2019 Colombia ha vivido más de un mes de marchas continuas y tres paros nacionales. Entre otras cosas, los manifestantes exigen que se cumpla el Acuerdo de Paz, cesen los asesinatos de líderes sociales y pare la violencia en las zonas rurales.

Echandía explica que por décadas el conflicto en Colombia actuó como una especie de regulador del conflicto social. Las principales víctimas fueron sindicalistas, líderes estudiantiles, políticos opuestos al gobierno y miembros de las Juntas de Acción Comunal. Ahora estos grupos exigen que el país no vuelva hacia atrás.

En su último informe, de abril de 2019, el Instituto Kroc señaló que tras dos años de la firma del Acuerdo Final, más de dos tercios de los compromisos están en progreso y más de un tercio se han completado o han avanzado sustancialmente. “A pesar de los retos que existen en el proceso de paz en Colombia, estos niveles de implementación son comparables con otros Acuerdos Comprensivos de Paz”, indicó la entidad.

El pasado 20 de diciembre el gobierno colombiano anunció la entrega de la obra número 600 en zonas PDET. El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se mostró satisfecho por “alcanzar la obra PDET número 600, en tan solo 16 meses” del gobierno de Duque.

En los próximos años, Duque tiene una oportunidad de oro para atender los reclamos e implementar el Acuerdo de Paz, señala Echandía. Si no lo hace, el estallido social que se ha visto en las últimas semanas se podría acrecentar con costos “no solamente económicos sino también en términos de deslegitimación del gobierno”, concluye el académico.