Se cumplen cinco años del caso de Ayotzinapa sin un solo acierto de la justicia mexicana

Por: Alejandro Melgoza Rocha

AA - Los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos forzadamente hace cinco años en el sur del país, saldrán este jueves a protestar en Ciudad de México debido a que en todo este tiempo la justicia mexicana no ha tenido ni un solo logro: el 62% de los presuntos implicados han sido liberados.

A la fecha han sido puestas en libertad 77 de las 142 personas que han sido detenidas en relación con este caso, entre las cuales están incluidos un exalcalde municipal, policías locales y presuntos integrantes de grupos delictivos. Sin embargo, ningún alto funcionario, policía federal o militar, a pesar de que fueron señalados en las indagatorias, ha sido llamado por la justicia por los crímenes cometidos en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014.

Para los familiares de los estudiantes, procedentes de Guerrero, uno de los tres estados con más pobreza en la república, donde han nacido movimientos sociales y campesinos, las investigaciones han sido solo una “simulación”.

Bernabé Abraham, padre de Adán, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, recuerda, en entrevista con la Agencia Anadolu, que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto los familiares de los desaparecidos solo tuvieron dos reuniones con él. Además, no percibieron un verdadero apoyo de su gabinete, por lo que el día 26 de cada mes siempre realizaban manifestaciones y plantones.

“Realmente todo fue una simulación. En un inicio, cuando los expertos entraron a investigar, desgraciadamente nos fueron conduciendo por el proceso con puros engaños; creo que ya querían terminar el caso. Luego terminó el sexenio (de Peña Nieto) y (él) nunca nos dio algo que a nosotros nos alentara, que nos hiciera pensar que realmente andaban buscando, y todo fue una simulación. Nunca hicieron una búsqueda real”, dice Abraham.

Ixchel Cisneros, directora de la organización civil El Día Después -dedicada a denunciar violaciones a los derechos humanos-, coincide en que la investigación del gobierno de Peña Nieto fue muy “desaseada”, lo que llevó a que jueces liberaran a presuntos responsables, cuyos actos se vuelven más difíciles de demostrar con el paso del tiempo.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una responsabilidad en el caso de Ayotzinapa, no solo por la desaparición de los normalistas, sino por las demás personas desaparecidas; las investigaciones las hicieron muy mal, tan mal que ahorita los jueces están dejando en libertad a los posibles culpables”, le dijo Cisneros a la Agencia Anadolu.

Esta masiva liberación de presuntos implicados contrasta con la “verdad histórica”, como el entonces procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se refirió a lo que ya se daba por hecho: que los 43 normalistas habían sido incinerados en un basurero.

No obstante, esta versión fue objetada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que los peritajes de la Procuraduría eran deficientes y no comprobaban dicha hipótesis.

Por ello, los familiares de los estudiantes desaparecidos ahora ven una “luz de esperanza” con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno se ha comprometido a iniciar desde cero la investigación, en contraste con las investigaciones adelantadas por el anterior Gobierno, en las que se señala no solo que los casos judiciales fueron mal llevados sino incluso que muchos interrogatorios se hicieron bajo tortura.

Una luz de justicia

En la administración de López Obrador se creó una Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa con el fin de esclarecer el crimen cometido contra los 43 estudiantes normalistas, por lo que prácticamente se ha tenido que retomar el caso desde cero.

El pasado 24 de septiembre la FGR comenzó una nueva búsqueda, en la que dio a conocer que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa citó a declarar para la próxima semana al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, así como a sus excolaboradores, el exfiscal Iñaki Blanco; el exsecretario del gobierno local, Jesús Martínez Garnelo, y el ex titular de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez.

El pasado 17 del mismo mes, el exgobernador Aguirre, así como sus colaboradores, fueron llamados a rendir declaración y coincidieron en que, en su momento, el expresidente Peña Nieto se negó a recibirlos para conocer su versión. Así mismo, lamentó que no hubieran sido tenidos en cuenta en la indagatoria que entonces llevaba a cabo el entonces procurador general.

Bernabé Abraham considera que con el Gobierno actual hay un cambio real. “Para nosotros y los demás padres creo que hay una nueva esperanza, pues se comprometió para saber la verdad. Hemos visto que ha estado trabajando, hoy en día vemos que el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, ha estado viendo toda la información; han ido a investigar y por ese lado sí hay un apoyo de este nuevo gobierno”, asegura.

A su vez, la directora de El Día Después coincide en que sí existe un cambio: “Creo que existe un cambio en cuanto a las cuestiones de narrativa y acceso de la Fiscalía especializada dirigida por Omar Gómez. Es muy importante porque él está involucrado en las investigaciones desde antes, y fue frenado por el gobierno de Peña Nieto”.

“Entonces las luces que da López Obrador son buenas, pero la verdad las organizaciones, tanto como los familiares, necesitan ver más que luces al final del camino. Ya han pasado cinco años. Se esperaría que las investigaciones empiecen a caminar realmente y se pueda inculpar a personas y meter a la cárcel a los responsables”, concluye Cisneros.

Cabe recordar que este crimen ocurrió cuando los 43 estudiantes normalistas se dirigían en camiones a Ciudad de México, con el fin de participar en una conmemoración de las protestas del 2 de octubre de 1968, en las que el Ejército y agentes judiciales masacraron a estudiantes que se manifestaban contra el Gobierno.